LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ
Pero también debemos evaluar la forma en que se exige responsabilidad a los agentes del ministerio público, que aun cuando la institución se ubica dentro de la esfera del Poder Ejecutivo desempeña funciones materialmente jurisdiccionales. En nuestro país la evaluación de dichos agentes sigue siendo intraorgánica mientras que en otros es competencia de un consejo del ministerio público, equivalente funcional del consejo de la judicatura.
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Señalar que las investigaciones sobre los delitos y su imputación a una persona concreta suelen estar deficientemente integradas, no puede servir de eterna coartada para esconder errores propios de los funcionarios del Poder Judicial. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante un señalamiento que han venido haciendo los jueces federales y de los estados desde hace varios años: la deficiente integración de las averiguaciones previas en la que sustentan sus casos.
No podemos hacer generalizaciones que dañan la reputación del alto nivel profesional con que efectivamente se desempeñan en nuestro país cientos de agentes del ministerio público. Pero también es lícito preguntarnos qué porcentaje no cumple con dichos niveles de calidad, y en su caso como podemos evitar que integren este cuerpo de funcionarios personas que no tienen aptitudes profesionales o éticas para ejercer el poder de acusar del Estado mexicano.
La respuesta la empezamos a conocer cuando conocemos cómo ingresan al servicio público quienes prestan sus servicios como agentes del ministerio público federal y de los estados. Los contrastes son enormes. Si bien ya se han puesto ciertos requisitos en las leyes federales y de algunos de los estados sobre aplicación de exámenes de aptitud técnico jurídica para ingresar al servicio público, los mecanismos para asegurar la objetividad de tales exámenes de ingreso, por ser intraorgánico, han sido cuestionados desde la academia y por organizaciones no gubernamentales. También han apuntado la idea –que comparto- que tales exámenes de selectividad podrían incrementar significativamente su grado de fiabilidad si se delegaran en un Consejo del Ministerio Público, como un órgano que tendría funciones equivalentes al Consejo de la Judicatura encargado de la valoración del ingreso de los jueces bajo cada vez más estrictas mediciones de aptitudes por medio de exámenes públicos de oposición. Este órgano, en el que se podría integrar la sociedad civil –las víctimas de los delitos, a través de sus asociaciones- sería el encargado de la disciplina de los agentes del Ministerio Público y de la Policía Científica.
La lógica es simple. Como los agentes del ministerio público o fiscales realizan una actividad que es materialmente jurisdiccional, es decir, equivalente a la de un juez, como es valorar ciertas pruebas y acusar a alguien de un delito y, en general, conducir todo el procedimiento de acusación hasta su última fase, los agentes del ministerio público deben tener el mismo conocimiento sobre garantías procesales y en general de las leyes penales que los que tienen los jueces –lo que incluye el conocimiento de la jurisprudencia. Es por ello que los aspirantes a ocupar plazas como agentes del ministerio público y a jueces de lo penal deberían presentar el mismo examen riguroso. Una vez que los aspirantes hayan pasado el examen, cada individuo podría decidir qué camino seguir: si optar para juez en materia penal, o para agente del ministerio público –en el entendido que también se dignificaría los salarios de los agentes del MP y en general sus condiciones de trabajo. Una vez que se ha hecho la elección, el Estado le debería proporcionar un prolongado e intenso adiestramiento en su campo de especialización.
Fuente: CONFERENCIA MAGISTRAL QUE DICTÓ EL MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, DURANTE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL E INDEPENDENCIA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Cholula, Puebla., a 18 de Mayo de 2011
